Cómo se llegó al agosto de 1926

La Cristiada no empezó el 1 de agosto de 1926. Empezó nueve años antes, en Querétaro, cuando un congreso constituyente dominado por el ala jacobina de la Revolución escribió una Constitución que declaraba guerra abierta a la Iglesia católica y luego esperó casi una década a que alguien se atreviera a ejecutarla. Obregón no se atrevió del todo. Calles sí. Este capítulo reconstruye ese camino de nueve años.

La Constitución de 1917 — cinco artículos

La Constitución de Querétaro, promulgada el 5 de febrero de 1917, no era una ley fundamental más. Era un proyecto ideológico: construir un Estado moderno, laico y centralizado, capaz de disciplinar a las fuerzas que durante casi un siglo habían disputado al gobierno el control del país. La más antigua y poderosa de esas fuerzas era la Iglesia Católica.

Cinco artículos redefinieron la relación Iglesia-Estado en términos que ningún país católico había intentado antes:

Ningún país del mundo — ni la Francia de la Ley de Separación de 1905, ni la Italia previa a los Pactos de Letrán, ni siquiera la Rusia bolchevique, que apenas llevaba tres meses en el poder — tenía en sus leyes fundamentales un régimen tan restrictivo. La historia del mundo católico del siglo XX registraría solo tres casos comparables de Estados abiertamente hostiles a la Iglesia: México, Turquía kemalista, y los estados comunistas. No es una comparación gratuita: el propio Calles la hacía con orgullo.

La guerra fría de Obregón, 1920–1924

Durante casi una década, los cinco artículos permanecieron en el papel. Carranza (1917–1920) no intentó aplicarlos sistemáticamente — estaba demasiado ocupado consolidando el triunfo militar constitucionalista. Álvaro Obregón (1920–1924) los aplicó de manera selectiva y pragmática, sobre todo en los estados dominados por gobernadores anticlericales radicales como Tomás Garrido Canabal en Tabasco o Adalberto Tejeda en Veracruz. En el resto del país, la jerarquía católica y el gobierno convivían en una especie de guerra fría: tensión constante, incidentes frecuentes, pero sin estallido mayor.

Los católicos mexicanos aprovecharon ese respiro para organizarse. Entre 1918 y 1924, cuatro organizaciones laicas tomaron forma y alcanzaron dimensiones nacionales (Meyer, La Cristiada, 1973):

• La Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) — fundada en 1913. Para 1925 contaba con 170 grupos locales y unos 7,000 miembros. Fuente principal de cuadros juveniles, conferencistas y — en el conflicto — combatientes.
• La Unión de Damas Católicas Mexicanas (UDCM) — fundada en 1912, reorganizada bajo la presidencia de Elena Lascuráin de Silva en 1925. Para ese año tenía 216 centros regionales y locales, y cerca de 22,885 socias. Sería el brazo urbano de la resistencia civil (ver Mujeres).
• La Orden de los Caballeros de Colón — capítulo mexicano de los Knights of Columbus estadounidenses. Para 1925 contaba con 51 consejos y unos 5,000 miembros. La base desde la cual los Knights norteamericanos lanzarían su campaña internacional de 1926 (ver Solidaridad).
• La Confederación Nacional Católica del Trabajo (CNCT) — sindicalismo cristiano. 384 agrupaciones y 19,500 miembros. Competía directamente con la CROM laborista de Luis N. Morones, aliado íntimo de Calles.

En 1920 el arzobispo Francisco Orozco y Jiménez de Guadalajara — la figura eclesiástica más combativa de México — convocó el Congreso Católico de Zapopan. En 1922 organizó el Congreso Obrero de Guadalajara. En 1923 se colocó la primera piedra del monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, Guanajuato — gesto de afirmación pública que Calles interpretaría, con razón, como desafío territorial al Estado laico (Olimón Nolasco, Diplomacia insólita, 2006).

En 1924, Obregón dejó la presidencia con la relación Iglesia-Estado tensa pero funcional. Su política había sido: vigilar, presionar en los estados, no provocar ruptura nacional. Calles no respetaría ese equilibrio.

El cisma de febrero de 1925 — la «Iglesia Católica Apostólica Mexicana»

El 21 de febrero de 1925, Calles ejecutó la provocación más audaz de su primer año presidencial. Con el apoyo abierto del secretario de Industria Luis N. Morones y la CROM, un grupo de unos cien hombres irrumpió de noche en el templo de La Soledad, en el barrio de San Lázaro de la Ciudad de México. Tomaron el edificio por la fuerza y lo declararon sede de una nueva institución: la Iglesia Católica Apostólica Mexicana (ICAM) (Ramírez Rancaño, La ruptura con el Vaticano, 2006).

Al frente quedó un sacerdote viejo y oscuro, José Joaquín Pérez y Budar, oaxaqueño, veterano porfirista, viudo, con trayectoria ambigua entre la masonería y el sacerdocio católico. Pérez Budar adoptó el título de «patriarca primado» — equivalente a Papa dentro de la nueva estructura, aunque nunca usó formalmente la palabra «Papa». La ICAM proclamó principios explícitamente nacionales: liturgia en español, abolición del celibato sacerdotal, sacramentos gratuitos, ruptura total con Roma. Pérez Budar soñaba con convertirse en el Cranmer mexicano — el obispo arquitecto de una ruptura protestante-nacional, como la anglicana bajo Enrique VIII (Butler, México a la luz de sus revoluciones, 2018).

El proyecto fracasó casi inmediatamente. Al día siguiente de la toma, una multitud católica encabezada por mujeres de la UDCM asaltó el templo y expulsó a Pérez Budar y sus seguidores. El arzobispo José Mora y del Río lo declaró hereje y cismático. Roma excomulgó formalmente al patriarca y a sus colaboradores. El gobierno callista, viendo que el proyecto no tenía base social, trasladó a Pérez Budar del templo de La Soledad a la más discreta iglesia de Corpus Christi, frente al Hemiciclo a Juárez, para «suavizar los altercados públicos» (Scielo / SciELO México, 2009).

Al final, la ICAM llegó a tener presencia nominal en unos 70 templos, pero controló efectivamente apenas una docena, mayoritariamente en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y algunos pueblos rurales del Distrito Federal. Su máximo logro popular se dio cuando campesinos que querían celebrar fiestas religiosas sin pagar aranceles católicos aceptaron temporalmente a los curas cismáticos. Pérez Budar murió en 1931 en la Ciudad de México. La prensa reportó — y los jesuitas confirmaron — que se había retractado en el lecho de muerte y recibido los últimos sacramentos de la Iglesia romana.

Mi lectura. El cisma de la ICAM suele ser tratado como una curiosidad menor en la historia de la Cristiada. No lo es. Fue la prueba de que Calles estaba dispuesto a intervenir directamente en la estructura religiosa del país — no solo a regularla desde fuera, sino a construirle una alternativa controlada desde dentro. Para la jerarquía católica mexicana y para el Vaticano, el mensaje de febrero de 1925 fue inequívoco: este gobierno no busca el modus vivendi que había tolerado Obregón. Busca la subordinación de la Iglesia al Estado o, si no lo consigue, su disolución. De ese mensaje a la creación, un mes después, de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, hay apenas treinta días.

La Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, marzo 1925

En marzo de 1925 — el mes inmediato al cisma —, un grupo de abogados, intelectuales católicos y activistas laicos fundaron en la Ciudad de México la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa (LNDLR). Su primer comité directivo lo integraron Rafael Ceniceros y Villarreal, René Capistrán Garza, y Luis Bustos. Su programa la definía como «asociación legal, de carácter cívico, que tiene por fin conquistar la libertad religiosa y todas las libertades que se derivan de ella en el orden social o económico, por los medios adecuados que las circunstancias irán imponiendo» (INEHRM, La Liga Nacional de la Libertad Religiosa).

Los medios adecuados evolucionaron rápido. Al principio la Liga coordinaba memoriales, conferencias, boicots de consumo. Para finales de 1925 tenía 11 zonas nacionales, 29 centros regionales y 127 centros locales. Para mayo de 1926, cuando el Episcopado vio que Calles no cedía, la Liga empezó a discutir en privado la vía armada. En junio de 1926 los obispos se asociaron formalmente con la Liga — el documento del 28 de junio de 1926 que vinculó a las futuras Brigadas Femeninas con la LNDLR es parte del mismo expediente (ver Mujeres).

La Liga fue el puente organizacional que convirtió nueve años de resistencia civil en tres años de guerra. Sus comités locales se transformarían en núcleos de reclutamiento cristero; sus tesoreros regionales comprarían rifles; sus abogados defenderían — sin éxito — a los sacerdotes arrestados. Cuando en 1927 la Liga contrató al general Gorostieta, lo hizo sobre la base de la estructura ya nacional que había tejido durante los dos años anteriores.

La Ley Calles — 14 de junio de 1926

En 1925, Plutarco Elías Calles decidió que era hora de llevar la Constitución hasta sus últimas consecuencias. Calles — ateo declarado, masón, hijo ilegítimo de un padre alcohólico — veía en la Iglesia católica no solo una institución rival sino el obstáculo para la construcción del México moderno que imaginaba (ver Protagonistas).

El detonante inmediato fue una entrevista. En enero de 1926, el arzobispo Mora y del Río declaró públicamente al diario El Universal que el episcopado mexicano se oponía a los artículos 3, 5, 27 y 130, y que los fieles estaban obligados en conciencia a desobedecerlos. Calles tomó la declaración como declaración de guerra. El 14 de junio de 1926 firmó la llamada «Ley para Reformar el Código Penal» — conocida universalmente como la Ley Calles. El decreto establecía penalizaciones específicas, artículo por artículo:

• Multa de 500 pesos (≈ 250 dólares de la época, unos 4,250 dólares de 2010) para cualquier sacerdote que portara sotana en público.
• Cinco años de prisión para sacerdotes que criticaran las leyes o al gobierno de palabra o por escrito.
• Registro obligatorio de todos los ministros de culto ante las autoridades civiles municipales.
• Cierre de todos los conventos, monasterios y escuelas religiosas.
• Expulsión de todos los sacerdotes extranjeros.
• Incautación de todos los bienes raíces de la Iglesia restantes.
• Un solo sacerdote autorizado por cada seis mil habitantes, calibrado por gobernador estatal.

Algunos estados fueron aún más lejos. Chihuahua decretó que un solo sacerdote podría atender a toda la población católica del estado (entonces unos 400,000 habitantes). Tabasco, bajo Tomás Garrido Canabal, cerró todos los templos y obligó a los sacerdotes a casarse bajo pena de exilio (ver Tabasco). Jalisco limitó a 250 el número de sacerdotes autorizados para 1.2 millones de habitantes — un sacerdote por cada 4,800 personas, en el estado con la densidad católica más alta del país.

«Las Cámaras o las armas.» — Plutarco Elías Calles, respondiendo a la cúpula episcopal que pidió diálogo · Julio 1926

La respuesta episcopal — suspensión del culto, 31 julio 1926

El 11 de julio de 1926, los obispos mexicanos — reunidos en secreto en la Ciudad de México — tomaron una decisión sin precedentes en la historia del catolicismo moderno: suspender todo culto público en México a partir de la medianoche del 31 de julio al 1 de agosto. No cerrarían los templos — la Ley los obligaba a entregarlos —, pero no habría misas públicas, no habría sacramentos administrados en ellos. Las campanas callarían.

La medida tenía precedentes medievales — el «interdicto» papal, aplicado por última vez con seriedad en el siglo XIII —, pero nunca se había aplicado voluntariamente a un país entero. El Papa Pío XI respaldó la decisión y la validaría formalmente en su encíclica Iniquis Afflictisque del 18 de noviembre de 1926 (ver Solidaridad).

El 14 de julio de 1926, los obispos aprobaron además un boicot económico coordinado con la Liga y la UDCM: los católicos dejarían de pagar impuestos no esenciales, dejarían de usar transporte público, dejarían de consumir productos del gobierno, dejarían de asistir a espectáculos, dejarían de comprar billetes de lotería. Su efecto en Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas fue inmediato y devastador. Los ingresos ferroviarios cayeron 40% en agosto. Los cines vendían un cuarto de sus boletos. La recaudación tributaria estatal se desplomó en los estados del Bajío.

El 2 de julio Calles había declarado a sus colaboradores: «Prefiero que cierren los templos a que continúen existiendo como instrumentos políticos» (Meyer, La Cristiada, 1973). La cita es clave: para Calles, el culto católico era, por definición, actividad política subversiva. No había espacio para un modus vivendi porque no reconocía que hubiera algo que negociar.

La medianoche del 31 de julio

A media noche del 31 de julio al 1 de agosto de 1926, las iglesias de todo México cerraron sus puertas al culto público. Por primera vez en cuatrocientos años, el domingo siguiente no hubo misa. Las campanas no repicaron. Los confesionarios quedaron vacíos. Los últimos días de julio habían visto colas de horas frente a los templos para recibir sacramentos masivos: bautizos multitudinarios, matrimonios acelerados, primeras comuniones anticipadas (Bailey, ¡Viva Cristo Rey!, 1974). La jerarquía entregaba los templos al Estado, pero los fieles cruzaban la puerta por última vez con los sacramentos encima.

Tres días después, el 3 de agosto de 1926, en Guadalajara, cuatrocientos católicos armados se encerraron en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Intercambiaron fuego con las tropas federales durante más de doce horas. Cuando se quedaron sin parque, aceptaron rendirse. Murieron 18 defensores y un número indeterminado de soldados. Aún no había «Cristeros» — el nombre se acuñaría meses después, a modo de insulto de los federales que se volvió insignia —, pero la guerra había comenzado.

Mi lectura. Lo que sorprende no es que estallara la guerra en agosto de 1926. Lo que sorprende es que tardara tanto. Durante nueve años — de 1917 a 1926 — los católicos mexicanos intentaron todos los caminos civiles disponibles: memoriales al Congreso, peticiones al presidente, organizaciones laicas, congresos, monumentos públicos, boicots. Durante nueve años el Estado revolucionario toleró esa organización siempre que no amenazara directamente su proyecto. En 1925, con el cisma de la ICAM, Calles cruzó una línea que Obregón había evitado. En junio de 1926, con la Ley, cruzó otra. En julio, cuando los obispos suspendieron el culto y él respondió cerrando los templos, la ruptura fue total. Agosto era aritmética.

La Cristiada no fue una rebelión espontánea de fanáticos. Fue la respuesta organizada — durante casi una década — de una sociedad religiosa a un Estado que había declarado la guerra a su estructura de vida. Que la respuesta final haya sido violenta no fue culpa de los católicos. Fue consecuencia de haber agotado, sistemáticamente, todos los caminos no violentos.